Corresponde al conjunto de normas, instrucciones y procedimientos que posibilita a las instituciones públicas disponer de una cartera de iniciativas de inversión socialmente rentables (RS) y en condiciones de asignarles recursos para su ejecución. La administración de este proceso recae a nivel central en la División de Evaluación Social de Inversiones y, a nivel regional en las Secretarías Regionales de Desarrollo Social y Familia.